Mientras el doctor Miguel Ángel Mancera anunciaba por enésima vez que no se afiliaría al PRD, entretanto Donald Trump nos quitaba el sueño con los nombres de quienes integraran su gabinete (generales, multimillonarios o personajes muy inexpertos) y el país perdía a un mexicano de excelencia en la persona de Rafael Tovar y De Teresa, los señores Diputados Constituyentes de la Ciudad de México trabajaron a marchas forzadas en el fin de semana para tratar de cumplir en tiempo la labor para la que fueron designados: la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México. Como es sabido, el Jefe de Gobierno de la Ciudad encargó a un selecto grupo de expertos y connotados ciudadanos la elaboración de un proyecto de que fue enviado en el mes de septiembre a la Asamblea Constituyente, que fue elegida y designada en forma poco ortodoxa, para ser analizada, discutida y, en su caso aprobada.

Al margen de las críticas que se han hecho a la desorganización, falta de recursos, ausencia de muchos constituyentes y, en general, al desorden legislativo con el que venido actuando la Asamblea, el proyecto del gobierno capitalino ha sido calificado por muchos como lleno de errores, inconsistencias y contradicciones amén de contener disposiciones inadecuadas e inapropiadas para un documento jurídico de esa importancia y jerarquía legal.

Lo anterior ha hecho muy complicado su revisión y su discusión, desde la integración de las comisiones que las analizarían, pasando por los reglamentos que regirían las discusiones hasta lo difícil que ha resultado dictaminar actividades y hechos tan dispares. En el proyecto se establecen verdaderos catálogos de derechos humanos hasta protección de animales y otras disposiciones que no van en una Constitución, ni siquiera en una ley reglamentaria y quizás apenas cabrían en un reglamento. Pero también se incluyeron temas que levantaron ámpula entre los constituyentes como fue el relativo a temas relacionados con el ordenamiento territorial y sobre todo el relativo a la famosa plusvalía.

A la mayoría de los diputados les vinieron calambres cerebrales al leer que el proyecto de Mancera establecía que “esta Constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad”. Lo que para muchos era volver a los años del más puro comunismo. Lo que provocó largos y reñidos debates, que pudieron ser resueltos al aceptarse que “esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social” Las palabras propiedad privada hicieron la diferencia.

Pero lo que verdaderamente hizo que ardiera Troya y se convirtiera en el “Escándalo del Constituyente” fue el contenido del artículo 21 frac. C7 que establecía que “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización se considerarán parte de la riqueza pública de la ciudad”. El articulo 26 agregaba que “Serán objeto de gravamen el aprovechamiento inmobiliario y la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana”. El sector inmobiliario capitalino armó las de Caín y hasta el propio Mancera dio marcha atrás y mandó una contrapropuesta de redacción lo que provocó la ira de los diputados perredistas y más aún de los de MORENA .

Finalmente se quitó la palabra plusvalía y hasta el Jefe de Gobierno dijo que él vetaría cualquier ley que gravara la plusvalía de la propiedad a los particulares. Es decir, “para atrás los fielders, antes de que vengan los batazos”

Viernes y sábado fueron verdaderos maratones de trabajo en las comisiones, pues muchas tenían como plazo el mismo sábado. De manera que esa madrugada y el domingo se consumió más café que en La Parroquia de Veracruz y con todo muchos dictámenes quedaron inconclusos. La Comisión de Carta de Derechos comenzó la discusión en lo particular 45 minutos antes de terminar el plazo que tenían para entregar sus conclusiones, lo que obligó al uso del muy socorrido reloj parlamentario y del mayoriteo de los cuatro principales partidos que integran la Comisión.

Hubo necesidad de revisar al vapor a infinidad de reservas que se habían presentado y ninguna fue puesta a discusión y las que se aprobaron fueron turnadas para su discusión posterior en el Pleno. Lo anterior provocó que temas como el uso de la marihuana, fondo de pensión para ambulantes, la eutanasia y privilegios culturales quedaran fuera del dictamen.

Originalmente las ocho comisiones dictaminadoras debían haber entregado sus conclusiones el pasado 30 de noviembre, pero la falta de consensos y las más de 1500 iniciativas que se presentaron para modificar el Proyecto del Jefe de Gobierno lo hicieron imposible. Sin embargo hubo excepciones notorias como el de la Comisión de Buen Gobierno, encabezada por el talentoso y joven perredista Armando Ríos Piter que cumplieron en tiempo y forma y con dos votos particulares que irán al Pleno. La Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno tuvo también listo su dictamen desde la madrugada del sábado por el que se modifica del Poder Legislativo de la Ciudad.

El Congreso se compondrá por 66 diputados de los cuales la mitad serán de representación proporcional; antes eran 40 y 26 respectivamente lo que incrementará el número de los muy populares plurinominales que con tanto ahínco y fervor reclamaban los ciudadanos.

La presente entrega no pretende ser un análisis ideológico-jurídico del Proyecto de Constitución que se está discutiendo, ya lo han hecho muchos, pero si intenta reiterar que no era la mayor aspiración de los habitantes de la nueva entidad federativa contar con un código fundamental. La baja votación con que se eligieron a los diputados constituyentes, que fueron escogidos por esa vía, así lo demuestra. Contiene errores garrafales como elevar a rango constitucional el ambulantaje, otorga el derecho al voto a los 16 años cuando la Constitución de la República lo establece a los 18, lo que va a provocar un aumento en la influencia de las redes sociales aun mayor del que ya desgraciadamente tienen. Lo de la protección a los animales no ha quedado muy claro, pero ojalá se salven las corridas de toros.

En fin, se dice que el ambiente que se ha vivido en Lla Asamblea ha sido muy similar al de un circo y que hubo muchas fallas, omisiones y exageraciones en su proyecto original. Pero también hubo carencias elementales en la infraestructura legislativa y el apoyo administrativo requerido. Por eso nos atrevemos a opinar que lo que hará posible contar con una “Carta Magna” para la capital es la existencia de personas distinguidas y experimentados políticos que la integran como Enrique Jackson, Santiago Creel, Armando Ríos, Efigenia Martínez, Fernando Lerdo De Tejada, César Camacho, Alejandro Encinas, Porfirio Muñoz Ledo, Roberto Gil, Augusto Gómez Villanueva, Bernardo Batiz y algunos más a quien ofrezco mis disculpas por omitirlos.

La CDMX tendrá una constitución en 2017 que va a tener una gran importancia para sus habitantes y para su zona conurbada. Siempre estaremos del lado del avance democrático y sinceramente esperamos que los Constituyentes logren los concensos necesarios y tengan la sabiduría para crear un instrumento a la altura que reclaman los tiempos complicados que vive la Nación y no sea sólo un instrumento político más en beneficio de algunos y de la partidocracia en que hemos convertido a la política mexicana.