CIUDAD MÉXICO.- Con la Ley de Seguridad Interior, no se busca militarizar al país o suspender derechos o libertades públicas, comentó el senador Roberto Gil Zuarth. Por el contrario la meta es regular la participación de las Fuerzas Armadas.

 Vincular la función de seguridad interior a la declaración de suspensión de garantías es un despropósito. Lo más importante es que esa función se realice en plena y absoluta vigencia de los derechos humanos”, dijo el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).

La regulación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior no pretende militarizar al país, diluir la rendición de cuentas de sus acciones o crear incentivos para evadir responsabilidades locales en la integración de cuerpos policiales confiables, profesionales, equipados y bien pagados, aclaró.

El senador dijo que las Fuerzas Armadas deben tener un marco de actuación definido en la ley, ya que hoy en día su despliegue es “absolutamente discrecional”.

Se refirió a “qué no es” la iniciativa de Ley de Seguridad Interior que él presentó y dijo: no amplía los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas, ni cambia los objetivos de su intervención.

Tampoco amplía los supuestos de intervención de las Fuerzas Armadas; no causa que las autoridades civiles queden subordinadas a autoridades militares; no amplía las facultades constitucionales; ni faculta a los militares a intervenir de manera permanente en una zona.

Finalmente, señaló que no se busca limitar el  ejercicio de los derechos humanos, porque no implica declaratoria de excepción o de emergencia; no otorga a las Fuerzas Armadas funciones de investigación o de procuración de los delitos; no suple con militares las tareas de los policías, y cierra el margen actual de discreción sobre el despliegue de Fuerzas Armadas.

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