Toda la primera mitad del año que agoniza se hizo un verdadero casus belli de la aprobación de las famosas siete leyes anticorrupción. Los debates, interesados por cualquier parte que se mirara, fueron cada vez más insulsos, cada vez más agresivos, lastimando la sensibilidad a flor de piel de la opinión pública, que los calificó de ser casi bizantinos.

Todos salieron perdiendo. Las mayorías parlamentarias, porque aprobaron leyes desnaturalizadas; los partidos, mostrando abiertamente sus grietas internas, reflejadas en votaciones divididas de sus propias bancadas; los empresarios, por exigir condiciones inaceptables por el aparato que no quiso enfrentarse a la corrupción por él practicada y consentida.

Fue así que no llegaron a buen puerto ninguna de las iniciativas anunciadas. Ni la aplicación de responsabilidades administrativas, ni la coordinación entre los organismos que deben aplicarlas, ni la nueva ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ni la Fiscalía General de la Nación, mucho menos una responsable rendición de cuentas de los fruncionarios.

‎En todos los frentes se abrieron muchas heridas. La Cámara de Senadores, obstinada en quitar la sustancia de lo que la plaza esperaba, enseñó su verdadero rostro de servilismo y abyección. No se esperaba otra cosa de Emilio Gamboa, palafrenero del verdadero líder del Senado, el consejero jurídico presidencial Humberto Castillejos.

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El que se excusa, se acusa

Tal para cual. De los dos complicitados, no se hace la mitad de uno. Así fue que ha resultado un auténtico parto de los montes: el sistemita parió un ratoncito, cuando la gente esperaba que saliera un cataclismo que renovara todo lo existente. La sociedad entera, esperando que sacaran una casta que ya se vio, no tienen, no existe.

El aparato político, resistente a cualquier mudanza, se opuso hasta a la aprobación de elementales normas de convivencia que no atentaban contra el decoro o la estabilidad de nadie. Por ejemplo: la Ley 3 de 3, que pretendía sujetar al escrutinio popular las declaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de interés…

… era una tímida respuesta de la legislación para que todos los fruncionarios expusieran el estado actual de su condición económica, frente a la que tenían cuando asumieron los cargos; así como se revelaran algunos casos‎ de complicidad o favoritismo entre los mandatarios o sus consanguíneos y las empresas contratadas por ellos para ejercer el presupuesto.

Otra vez, poner en el centro de la plaza el viejo fenómeno del enriquecimiento inexplicable, de la colusión de sus mafias familiares, que el poder político no ha podido solucionar a través de normas de observancia obligatoria. Son demasiados los compromisos. Y como el que se excusa, se acusa, no hay ya para dónde hacerse. El veredicto social ha sido emitido.

No se puede estirar más la liga de un sistema agotado por la codicia de sus propios beneficiarios, manejados más por la ambición que por la gobernanza. Hasta ahí llegaron, con leyes mañosas aprobadas por los legisladores, los intentos de renovar sus prácticas desde adentro. Vamos hacia la nada.

Obedézcase, pero no se cumpla

‎El Sistema Nacional Anticorrupción ofrecido por Peña Nieto a dos meses de haber fracasado en la investigación de la masacre de Ayotzinapa –a cambio de su impericia y complicidad– quedó en agua de borrajas. No pasó nada, y, sin embargo, pasó todo. Se exhibió la parte medular del aparato, derrotado en una pelea pactada.

Empero, si se aprobaban las leyes tal cual era su espíritu, sus motivaciones y objetivos, no hubiera sucedido gran cosa. Todos los supuestos obligados hubieran hecho el vacío. Simplemente, lo de los juicios castellanos medievales: obedézcase, pero no se cumpla. El sistema no tiene contralorías internas de respeto para hacerlas valer.

La sociedad no tiene recursos jurídicos horizontales para exigir el acatamiento de la ley.‎ Puro tiempo perdido en una larga discusión que dejó muchos muertos políticos y ningún ganador a la vista. Nadie puede comprobar los beneficios que se hubieran recibido, porque no había tales. Otra vez, no hay ganador.

Ciudadanos despreciados, otra vez

En un país corrompido hasta la médula, todos se tapan con la misma cobija, hasta que alcance.‎ Legislaciones van y vienen como aquellos burros del refrán que se la pasan dándole vueltas a la noria. No hay razón ni motivo para ufanarse, sólo lamentar que la sociedad haya perdido de nuevo la esperanza, la credibilidad en la Ley.

‎La sociedad civil y sus organizaciones, le dieron “vuelo al magín” para reunir cientos de miles de firmas de ciudadanos esperanzados en la fuerza de su representación. Comprobaron que no merecían ese desprecio. La fuerza de la opinión publicada y de los micrófonos vendidos al mejor postor no deja que le arrebaten sus privilegios a través de firmas de reclamantes.

Otra vez, el absurdo teatral del sistema sordo y mudo. A esperar a Godot. Algún día llegará. De eso no cabe la menor duda. Pero no hacer caso a los intentos ciudadanos de renovación tiene un costo en las urnas, que el sistemita no puede alcanzar a imaginar. La soberbia es más fuerte que la razón de Estado.

Auditoría Superior, elefante blanco

Si no quieren oír, peor para ellos. Ha de llegar el día en que alguien les demuestre palpablemente que no había necesidad de estos “panchos” legislativos del Sistema Nacional Anticorrupción. Las leyes vigentes, cientos de ellas, tienen la solución en lo que ya está escrito desde hace décadas.

Para no ir muy lejos por la respuesta, allí está, desde hace 16 años la Auditoría Superior de la Federación. Un elefante blanco, con todo y sus gastadas muelas por falta de uso, que fue concebida para vigilar y supervisar cualquier dinero ejercido por fruncionarios o particulares que tuviera un origen público.

Una entidad que tenía funciones y facultades para levantar las faldas de poderes federales, locales y municipales, el correcto ejercicio y la probable desviación de fondos hacia otros menesteres, inmundos y detestables.

Miles de técnicos en contabilidad, en finanzas públicas, abogados y expertos en administración pública con sueldos de sultanes, que seguimos manteniendo los contribuyentes y nos ven como quien oye llover. Nadie se mueve para reclamar sus atribuciones, a menos que el que manda lo determine.

‎Un auténtico desperdicio presupuestal y administrativo, que si se decidiera a ejercer sus funciones de fiscalización, ya hubiera puesto a la tolucopachucracia patas p’arriba.

Les encanta el burro girando en la noria

‎Si no hay voluntad política, sobran las leyes.

Ni una sola iniciativa de las siete famosas leyes del Sistema Nacional Anticorrupción hubiera sido necesaria. En la Auditoría Superior desperdiciada, se encuentran todos los protocolos, medidas y procedimientos para hacer al sistemita honrado y funcional.

‎Pero a gobernantes y legisladores les encanta el juego del burro dándole vueltas a la noria. Para hacer como que hace. Para sangrar el presupuesto, para burlarse del pueblo. Todo, como decía el baturro, nomás por joder.

‎¿No cree usted?

Índice Flamígero: Y para acabarla de amolar, informa la Revista R del diario Reforma que “al menos en sus primeros años de existencia, el Sistema Nacional Anticorrupción deberá prescindir de los principales impulsores de las leyes que le dieron origen. En la lista de aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana del SNA, que deberá conformarse en enero, no figuran los nombres de Mauricio Merino, Juan Pardinas, Eduardo Bohórquez, Sergio López-Ayllón, Edna Jaime, y otros académicos y activistas ciudadanos que dieron la lucha por la aprobación de las leyes anticorrupción. Aunque en los centros de investigación y organizaciones civiles que promovieron el nuevo sistema se concentraban los especialistas más reconocidos a nivel nacional en temas como transparencia y rendición de cuentas, fueron pocos los integrantes de dichas instituciones que se postularon para formar parte del Consejo.” Por la burla de los legisladores levantadedos, desde luego. + + + Y el portal SinEmbargo destacaba el fin de semana: “Ambicioso en sus alcances y gigantesco en su estructura, al Sistema Nacional Anticorrupción no logró ponérsele ni siquiera el primer piso. Mientras, el cáncer avanzó y sus metástasis brotaron en los tres niveles de Gobierno, los empresarios y los ciudadanos. En tal paisaje, ocho Gobernadores están acusados de enriquecimiento ilícito, pero sólo uno [Guillermo Padrés, de Sonora, del PAN] pasa este invierno en prisión. Otro [Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, del PRI] se ha fugado. Y algunas batallas ya están perdidas; por ejemplo, que los funcionarios declaren sus bienes en un formato “3de3”, iniciativa desechada por el Congreso. Así se ha ido 2016, el cuarto año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, sin brazos para abatir la corrupción, la enfermedad que cuesta 10 por ciento del PIB.” + + + A propósito: “El ex gobernador Humberto Moreira, amagó con sacar al PRI de Coahuila si a él lo expulsan del partido tricolor…”, dice don Alfredo Álvarez Barrón. Y El Poeta del Nopal redondea:

“La saga del Hombre Verde /
repite sin menoscabo /
pues como el príista es bravo /
¡hasta a los de casa muerde!”

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