CIUDAD DE MÉXICO.- Diversas organizaciones de la sociedad civil , acusaron al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), de no tener compromiso con la memoria y la verdad sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el país.

“Mas de de 10 años de transparencia en México y dos reformas constitucionales de avanzada, nos hablan de la falta de compromiso de los intérpretes de la ley con la verdad”, dijo Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19, en la presentación de la plataforma Memoria y Verdad, que contiene los archivos digitales de al menos 15 casos de violaciones graves de derechos humanos, desde la guerra sucia de los 70 y la masacre de Tlatelolco, hasta los casos de Tlatlaya y Apatzingán.

Frente a seis de los siete integrantes del INAI, la directora de Artículo 19 denunció que de “último momento” los comisionados del Instituto no sólo decidieron “bajar” de la plataforma del caso de la Guardería ABC de Sonora, sino también descartar mucha información fotográfica, hemerográfica, material de audiovisual, cables diplomáticos, documentos inéditos sobre los casos, y la identificación de cientos de expedientes clasificados cuya periodo de reserva ha caducado, obtenidos por las organizaciones de la sociedad civil. “Todo se decidió bajarlo en el último momento, con el argumento de protección de datos personales”.

Señaló que el conocimiento público de violaciones graves a derechos humanos es un primer paso para exigir justicia, no es el único, pero no habrá perdón ni reconciliación con el Estado si no sabemos que es lo que pasó, dijo Ana Cristina Ruelas. “A todos nos duele los 72 de San Fernando, los 43 de Ayotzinapa, los 22 de Tlatlaya, y por eso también la sociedad tiene derecho a saber la verdad”.

INICIA LA OPERACIÓN…

En el evento, realizado en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, las representantes de las organizaciones de Artículo 19; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, secundaron estos serios cuestionamientos al INAI, y advirtieron que no firmarían el documento protocolario de la plataforma, aunque ésta ya está en operación con la información subida por el INAI.

La respuesta de la presidenta del Instituto, Ximena Puente, fue el silencio. En su breve intervención, la última del evento, no hizo ninguna referencia a las severas críticas recibidas por las diversas organizaciones sociales, limitándose a señalar “lo valioso” de la plataforma puesta en marcha, en un ejercicio de la transparencia.

TERRIBLES HECHOS

Los casos abarcan desde la matanza de estudiantes de Tlatelolco en 1968, hasta otros más recientes, como el asesinato de 45 indígenas en Acteal en 1997, la represión a manifestantes en San Salvador Atenco en 2006, la masacre de 72 migrantes en San Fernando en 2010, la desaparición de 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa en Iguala en 2014, la masacre en Allende, Coahuila, en 2011 y la matanza de 22 personas en Tlatlaya en 2014.

Otros casos incluidos son los de la Guerra Sucia contra movimientos opositores que se desarrolló en 1960 y 1970 y la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas en 1995.

De acuerdo con las organizaciones, “la primera etapa de este proyecto evidencia la opacidad y ocultamiento que rodea este tipo de casos”.

Señalaron que “una evaluación de la información aportada por autoridades durante más de una década de transparencia en el país demuestra que las respuestas a más de 600 solicitudes analizadas (50% del total de peticiones relacionadas con los 15 casos) no entregan información alguna, la clasifican o la declaran inexistente.

“La segunda etapa -que da inicio a partir de esta presentación- requiere discusiones públicas y aportaciones de aquellos documentos e información que tengan todas las expresiones sociales, como lo son de la academia, defensores, periodistas, investigadores, etcétera, para poder hablar entre sí e ir construyendo verdades”, añadieron.

PROCESO RÍSPIDO

Subrayaron que durante los meses de colaboración entre el INAI y las organizaciones, “la construcción de la plataforma no fue un proceso armónico”.

“Si bien los problemas enfrentados han sido diversos y en apariencia obedecen a trabas técnicas, detrás de estos existen claros intentos provenientes desde su interior por debilitar y entorpecer el proyecto”, indicaron.

También los activistas mencionaron “el uso desproporcionado, insostenible y equívoco de la protección de datos personales, que configura una forma de censura, así como una actuación opaca del instituto y el incumplimiento constante de los compromisos y acuerdos asumidos”.

Las diversas Organizaciones No Gubernamentales hicieron “un llamado público al INAI y sus comisionados y comisionadas para revertir los puntos señalados y traducir a hechos sus varios compromisos públicos con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en casos de violaciones graves a derechos humanos”.

con información de agencias

jcrh